El Gobierno de San Juan ha decidido poner fin al flagelo de las amenazas de bomba con una batería de medidas que buscan la disuasión y el resarcimiento. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó el plan que castigará con demandas civiles a los adultos que realicen estas advertencias falsas. En el caso de los menores, la carga económica recaerá sobre sus progenitores, quienes podrían enfrentar embargos para cubrir los cuantiosos costos que genera la paralización de servicios públicos como hospitales y escuelas.
Además de las penalizaciones monetarias, la iniciativa contempla la justicia restaurativa juvenil, una herramienta para la reeducación de los infractores. Según Dávila, “Un joven de 14 años es consciente de la magnitud de sus actos”, por lo que el objetivo es que comprendan la dimensión de sus transgresiones. El plan se complementa con campañas de sensibilización en los centros educativos, con la intención de erradicar esta práctica y reforzar la conciencia colectiva sobre sus devastadoras consecuencias.
